BÚSQUEDA, JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2010.
Los abogados de Dalmao piden su liberación tras las afirmaciones de Fernández Huidobro, quien aseguró que el general es inocente.
Las afirmaciones públicas del senador frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro, quien dijo que “es seguro que no fue” el general Miguel Dalmao quien asesinó a la militante comunista Nibia Sabalsagaray en dictadura, sirvió el martes 21 a la defensa del oficial del Ejército, que pidió a la Justicia que lo libere de su actual detención y que clausure el proceso en su contra.
“Evidentemente lo dicho por ni más ni menos que un senador de la República en estos términos tiene trascendencia y mucha cuando habla a las claras de la inocencia de quienes hoy se encuentran cumpliendo una tan injusta prisión preventiva”, sostienen los abogados Graciela Figueredo y Emilio Mikovic en su escrito, adelantado ayer miércoles 22 por El País ya a cuyo texto accedió Búsqueda.
En comentarios que realizó en una sesión de la Comisión de Constitución del Senado y en diálogo con “La Diaria ”, publicados el miércoles 15, Fernández Huidobro sostuvo que Dalmao es inocente. El general, junto con el coronel retirado José Chialanza, están detenidos desde el 8 de noviembre cuando el juez Rolando Vomero los procesó con prisión por el “homicidio muy especialmente agravado” de Sabalsagaray.
“En realidad no sabemos nada de lo que pasó. En lo que me es personal, estoy absolutamente seguro que fue asesinada. Es posible que la hayan asesinado en otro lado y la hayan hecho aparecer ahí, pero es seguro que no fue Dalmao”., consideró el legislador y ex guerrillero Tupamaro.
Más aún, Fernández Huidobro aseguró que “Dalmao está tapando a los que realmente fueron, porque un alférez con ese grado y esa edad en aquella época de ninguna manera puede haber sido responsable de eso”. En 1974, cuando Sabalsagaray murió en una unidad militar en Montevideo, Dalmao tenía el grado de Alférez, el más bajo de la oficialidad.
“A los verdaderos responsables los está encubriendo Dalmao. Es una suposición mía basada en el conocimiento que tengo de cómo funcionaban las cosas en los cuarteles. Un alférez no puede ser responsable de eso. A Dalmao se le caían los mocos, tenía la túnica con cacao, es imposible”, añadió el legislador, líder de la Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad (CAP-L)
Sus afirmaciones fueron citadas el viernes 17 por el diario “El País” y sobre esa base la defensa de Dalmao y de Chialanza consideró que existe un “hecho nuevo” que amerita “la clausura y archivo” del proceso contra ambos militares.
“Del tenor de los dichos que nos ocupan se desprenden dos grandes verdades: la primera, que ni el general Miguel Dalmao ni el coronel Chialanza cometieron el delito que prima facie se les imputó; segundo, siempre al tenor de sus dichos (y en caso de existir un homicidio, lo que se niega enfáticamente) el verdadero culpable está libre. Es evidente pues, al tenor de los dichos del señor senador, que corresponde sin más tramite ordenar la libertad de ambos encausados, al igual que la clausura y archivo de las actuaciones, ya que la preventiva que están sufriendo carece de todo sentido, pasando a ser una flagrante prisión ilegítima” exigen los abogados.
El caso de Dalmao y Chialanza tiene dos particularidades en comparación con la mayoría de los demás procesamientos por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Por un lado, es la primera vez que un general en actividad resulta procesado por la Justicia ; más aún, Dalmao es el primer general que llegó a ese grado promovido por – el entonces presidente electo- Tabaré Vázquez.
Por otro lado, los procesamientos generaron una fuerte controversia, con cuestionamientos al juez Vomero y a la fiscal Mirtha Guianze. Algunos dirigentes políticos, en particular el senador nacionalista Gustavo Penadés, criticaron los argumentos que utilizó la Justicia para procesar a Dalmao. Además, el propio comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, y varios oficiales de esa fuerza le transmitieron al presidente José Mujica que están preocupados porque en su opinión “no existen las garantías del debido proceso” para los militares (Búsqueda Nº 1.587)-
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