Juan MartÍn Posadas
Los uruguayos solíamos tener un impulso primario a confiar en la justicia de nuestro país. Hoy ya no hay base para mantener esa confianza.
El sentido colectivo de justicia, aquello que el común de la gente ha sido educada a considerar justo, está trastocado. Lo está a influjo de ciertos comportamientos judiciales. A su vez los jueces se comportan así condescendiendo con el trastocado sentido de la justicia que se ha generalizado en la sociedad. Ese círculo vicioso de influencias mutuas determina que, entre los uruguayos, se haya hecho lugar y haya ganado legitimación, que existen faltas tan graves que no pueden quedar impunes y que deben ser castigadas a como dé lugar, es decir, por dentro de los procedimientos y formalidades del derecho, si se puede, y si no por fuera de ellos. La sociedad se ha formado esa mentalidad, los jueces no se animan a contradecirla y los ciudadanos se confirman en ella observando cómo actúan los jueces. Veamos algunos casos.
Si la carambola legal involuntaria que dejó libres de culpa a los Peirano hubiera favorecido, en cambio, a otro de los clientes de Gonzalo Fernández, aún siendo de esos peces gordos que tienen litigios contra el estado, nadie se habría preocupado del desliz legislativo. Pero el daño que hicieron los Peirano, individual a muchos ahorristas y colectivo al sistema financiero del país, es de esas faltas que, en la conciencia popular, se considera imperdonable. En consecuencia, quien de verdad o en la versión del imaginario colectivo, sea responsable de esa impunidad, ése tiene que ser cocinado. Y los jueces, en este caso los órganos del Frente que actúan como tales, no se van a animar a contradecir el sentir popular, sea cual sea la explicación que ofrezca G. Fernández.
El caso del Gral. Dalmao es igual. Los militares hicieron un daño inmenso al país, cometieron violaciones a los derechos del hombre, pisotearon el Parlamento, la Constitución y la ley; eso no puede quedar así. Algunos militares son comprobadamente culpables, otros es más dudoso pero "no podían no saber" (argumento que no aceptaría ninguna corte de un país serio), y otros, como Dalmao, sin testigos ni pruebas en su contra son procesados porque alguien dice que oyó decir a otro que dijo… Ese sentido colectivo de justicia así trastocado (la justicia independiente del derecho) permite adelantar que ningún juez de los que andan por ahí va a declarar inocente a un General acusado, aunque lo sea en esos términos.
En estos días se ha conmemorado el plebiscito del 80 y el Acto del Obelisco como emblemas de la lucha contra la dictadura. El pequeño grupo de uruguayos organizador de esos actos de resistencia no nos oponíamos a los militares por ser tales: nos oponíamos a la noción de que la magnitud de la amenaza terrorista o la urgencia de la misión que se atribuían las Fuerzas Armadas autorizase a violar la Constitución, desconocer los derechos humanos, saltearse los preceptos legales y el rigor procesal. Siento la misma resistencia y rechazo a las actuales justificaciones para conseguir justicia por fuera de la ley y las garantías del derecho. El caso más aberrante de esa mentalidad es la iniciativa del Frente Amplio referida a la Ley de Caducidad.
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