Nacional El Poder Judicial en el banquillo

por Martín Aguirre
Fue una semana dura para la Justicia uruguaya. El caso de la jueza Damasco, procesada por apropiarse de miles de dólares incautados en varias causas de narcotráfico, significa una mancha negra difícil de levantar. Sobre todo porque la jueza era un personaje tan relevante en su gremio, que fue dos veces presidenta de la Asociación de Magistrados. Como si fuera poco, días antes el ministro de la Suprema Corte, Leslie Van Rompaey se vio envuelto en otra polémica, a raíz de declaraciones sobre la norma que busca eliminar los efectos de la ley de Caducidad, algo que le generó duras e inusuales críticas políticas. En un país en que la Justicia aún tiene una imagen general de honestidad, cabe preguntarse si estos hechos no significan un parteaguas en su relación con la sociedad.
"Tengo 40 años de juez y nunca vi una cosa igual". Así describía su desazón el ministro de la Suprema Corte Daniel Gutiérrez, tras el estallido público del caso de la jueza Damasco. Se trata de un escándalo de implicancias enormes porque además del hecho, ya en principio probado, de que por años se apropió de dinero proveniente de operativos policiales, quedará la duda acerca de su desempeño en cientos de causas que encabezó en su fulgurante carrera hasta ocupar un sillón en un Tribunal de Apelaciones. Pero hay más.
Históricamente el Poder Judicial uruguayo ha tenido una tradición de honestidad, que, a diferencia de lo que sucede en varios países de la región, lo habían puesto por encima de los debates políticos de turno. Pero esta tradición cada día se ve más debilitada. Primero por las denuncias de pérdida de nivel técnico que enfrenta la magistratura nacional, algo que es comentario frecuente entre los operadores legales. Al sistema cada vez le cuesta más encontrar profesionales de primera dispuestos a emprender la carrera judicial, y por ejemplo en 2010 solo se presentaron 35 al llamado del CEJU para aspirantes a jueces. Cifra que es más baja cada año, y que ha llevado a que el Colegio de Abogados alerte sobre el tema.
A esto se suma los problemas que genera un sistema de procesos, especialmente en materia penal (pero no es la única), que resulta lento, anticuado, e injusto. Como muestra de lo difícil que resulta modernizar algunas estructuras del sistema judicial, desde hace 14 años que se debate la instrumentación de un nuevo Proceso Penal sin éxito. Esto pese a las críticas de organismos internacionales, a las injusticias lacerantes que provoca, y a que figuras como el ex decano de la Facultad de Derecho de la UdelaR, Alejandro Abal, lo calificaran como "retrógrado y aberrante".
Pero la crítica más extendida y peligrosa que ha sufrido el Poder Judicial en los últimos años es sobre su politización. En ese sentido son varias las causas que generan interrogantes acerca de la fundamental imparcialidad que debe exhibir el sistema legal. Por ejemplo, la polémica en torno a la situación que vivió la jueza Mariana Motta, que mientras tramitaba varios casos relativos a violaciones a los derechos humanos en la dictadura, fue vista en una marcha vinculada al tema. Ello llevó a un intento de recusación por parte de los acusados, que el Tribunal de Apelaciones desestimó. Pero en el proceso, su
abogado, Antonio Rammauro, llegó a afirmar que "muchos fiscales y jueces participaron activamente de esa marcha".
También ha sido comentada la situación del ex juez Álvarez Petraglia, que mientras ejerció la magistratura tuvo casos sonados como el procesamiento del abogado Carlos Curbelo, por entonces defensor del exdictador Gregorio Álvarez. Apartado de la judicatura por una investigación interna, Álvarez Petraglia pasó inmediatamente a desempeñarse co-mo asesor del Partido Socialista en temas de derechos humanos, y ahora patroci-nó una causa masiva de denuncias por abusos en la dictadura.
Otro caso reciente fue el del fiscal Luis Bajac, que cuestionó a un Tribunal de Apelaciones porque en casos muy similares, como los del general Dalmao, procesado por la muerte de una militante comunista durante la dictadura en una dependencia de la cual estaba transitoriamente a cargo, y el de la ex directora del centro Nacional de Rehabilitación, denunciada por su actuación ante el asesinato de un recluso, y defendida a capa y espada por jerarcas del ministerio del Interior, han tomado decisiones radicalmente distintas.
En este clima, y cuando aún resuenan los ecos de las expresiones de la senadora Constanza Moreira, que dijo que "tenemos que aprender a entender al Poder Judicial como un poder político del Estado, y no una suerte de poder autónomo", han surgido voces denunciado la politización del sistema judicial uruguayo. Al punto que el Presidente de la Corte debió salir a comentar el tema. "Rechazo que haya izquierdización de la Justicia; los jueces son apolíticos", señalaba meses atrás Van Rompaey. Pero ahora sus palabras sobre que "los derechos humanos no están a disposición de las mayorías", en pleno debate caliente sobre la ley de Caducidad vuelven a generar polémica. No por el contenido de la expresión, que una vez aclarado en su alcance resulta hasta evidente, pero sí por el momento en que lo señaló, y cuando se prevé que la Corte deberá decidir sobre la constitucionalidad de la nueva ley.
La gran cuestión de fondo es que el sistema legal uruguayo cada vez parece dar más discrecionalidad a los jueces a la hora de manejar las causas. Sobre todo en materia penal, toda la estructura de la que dependen libertad y honra de las personas, se basa muchas veces en la decisión de un solo juez, de una sola persona. Esto porque la prisión preventiva cumple hoy función de pena, y las apelaciones pueden demorar años en los cuales el acusado pasa en cárceles dignas de "Expreso de Medianoche".
Si la sociedad empieza a sospechar que ese enorme poder descansa en manos de profesionales que generan dudas en materia técnica, política, o en su honestidad, todo el sistema puede quedar en tela de juicio.
La frase.
"Yo tengo 40 años de juez y nunca vi una cosa igual. Es bueno que el sistema se haya autosaneado" (Ministro de la SCJ, Daniel Gutiérrez).
La frase II
"Es una noticia lamentable, pero no altera en nada el concepto que tengo acerca de la honestidad de todos los jueces del Uruguay" (Presidente del Colegio de Abogados, Jorge Abramo).

JUSTICIA DESIGUAL

Un fiscal cuestiona formalmente la disparidad de criterios empleados por un Tribunal de Apelaciones Penal para resolver los casos de un militar y el de un civil. El militar en cuestión es el general Miguel Dalmao, uno de los responsables de la prisión en donde, en tiempos de dictadura, se halló muerta a una militante comunista. El caso del civil refiere a Diana Noy, que dirigía el Centro Nacional de Reclusión (CNR) cuando en su interior murió el recluso Mario Bozzatta. Ambas muertes se denuncian como fruto de homicidios perpetrados en recintos carcelarios.
El fiscal Luis Bajac considera inadmisibles las diferencias hechas por el Tribunal entre uno y otro caso "con expresiones tan cambiantes en aspectos fundamentales". Además, expresa sorpresa porque el tribunal valoró declaraciones y conductas de Noy con un criterio diferente al que utilizó en el caso Dalmao. También señala que la exdirectora del CNR incurrió en omisiones que determinaron que el recluso Bozzatta, que en los días previos había denunciado irregularidades que se cometían en esa prisión, fuera asesinado. Por todo ello, el fiscal presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia para que revoque la decisión del tribunal en el caso Noy quien resultó absuelta de responsabilidad.
En tanto se dilucida esta nueva instancia judicial, es alarmante que un fiscal denuncie y accione legalmente contra el criterio dual empleado por un tribunal que, en una situación, la de Dalmao, actuó de una manera que desembocó en la prisión para el imputado, al tiempo que demostró una mayor indulgencia con la directora Noy.
Una justicia desigual para dos casos similares es una grave injusticia.


El País Digital